Chapter 16 - El proceso de los documentos rotos

El tribunal extraordinario se reunió en una sala sin tapices, elegida para evitar que las familias de los acusados ocuparan el espacio como si se tratara de una fiesta privada. Tres jueces examinarían las falsificaciones de los registros de San Jerónimo, el desvío de provisiones y las órdenes militares contra Leonor. Catalina no presidió las sesiones. Había firmado algunas decisiones bajo investigación y entendía que su presencia podía influir en quienes debían juzgarlas.
Beltrán compareció con una defensa preparada. Negó haber ordenado perseguir a una criatura y atribuyó las irregularidades a la confusión de la guerra. Presentó copias de decretos que, según él, autorizaban los traslados de niños sin familia. Su abogado repitió que las decisiones fueron tomadas para preservar el orden público.
La jueza que presidía la sesión había ejercido durante veinte años en un tribunal provincial. Su padre fue zapatero y había insistido en que aprendiera a leer antes de conocer las tablas de multiplicar. Nadie en la corte había querido nombrarla porque hacía preguntas incómodas sobre los contratos militares. Catalina la eligió precisamente por aquella independencia, aunque aceptó que los demás miembros del tribunal debían revisar también sus posibles conflictos de interés.
Antes de comenzar, la jueza explicó a los testigos cómo funcionaría el interrogatorio. Quien no recordara una fecha podía decirlo. Quien necesitara descansar tendría derecho a pedirlo. Las contradicciones se examinarían sin insultos ni amenazas. Inés escuchó aquellas instrucciones con una atención especial. Había conocido juicios donde una niña pobre era tratada como culpable desde el primer momento. Allí no le prometían un resultado favorable, pero sí reglas conocidas por todos.
Un antiguo soldado declaró sobre los traslados de prisioneros durante el asedio. Recordaba una orden de buscar a una mujer llamada Leonor, aunque no sabía quién la firmó originalmente. Su memoria era imperfecta: confundió primero el mes y después reconoció que había mezclado dos campañas. El abogado de Beltrán intentó ridiculizarlo. La jueza intervino para recordar que un error no anulaba automáticamente todo testimonio, pero tampoco podía ignorarse. Había que contrastar cada detalle con documentos independientes.
Clara Soria esperó su turno junto a Teresa. Las dos mujeres hablaron de las noches de guerra en que faltaban vendas y de las personas que habían desaparecido sin dejar nombres. Clara confesó que temía no recordar exactamente las palabras de Leonor. Teresa le respondió que no necesitaba repetir una conversación de once años atrás como si alguien la hubiera grabado.
Al finalizar la audiencia, la jueza pidió proteger especialmente a los niños mencionados en los expedientes. Algunos eran ahora adolescentes; otros seguían viviendo en conventos donde dependían de los administradores investigados. La orden exigía revisar sus condiciones sin trasladarlos arbitrariamente.
Esa noche, Catalina escribió una carta al Consejo solicitando fondos para archivos independientes y defensores gratuitos. Había aprendido que las leyes no protegían por sí solas si las personas carecían de medios para utilizarlas. Firmó sin añadir ningún título grandilocuente. La decisión le parecía menos gloriosa que una victoria militar, pero más difícil de deshacer.
La escribana jefe mostró los originales recuperados de Valdavia. En uno, la fecha había sido raspada y reescrita; en otro, el sello se estampó sobre una tinta todavía húmeda de procedencia distinta. Un experto en papel explicó que las hojas no podían haber sido redactadas el año indicado. Las conclusiones fueron limitadas pero contundentes: aquellos documentos habían sido alterados.
El marqués de Pereda declaró que no conocía los negocios del grano. Los libros contables exhibieron pagos periódicos a una empresa de sus familiares. Su abogado sostuvo que eran dividendos legítimos. Los jueces pidieron los contratos, las declaraciones tributarias y los testimonios de los transportistas. Nadie fue condenado aquella tarde. La justicia avanzaba más despacio que los rumores, y eso irritaba tanto a las víctimas como a los poderosos.
Inés asistió únicamente a la sesión dedicada a sus registros de nacimiento. Esteban quiso evitar que escuchara detalles crueles de la persecución de Leonor, pero ella pidió conocer el contenido exacto de la acusación. Una jueza habló con términos comprensibles y permitió pausas. La niña explicó cómo se había conservado su cinta y quién le entregó el brazalete. No aseguró recordar un nacimiento que nadie puede recordar.
Después declaró Clara Soria. Sus anotaciones de enfermería fueron comparadas con otras páginas escritas antes y después del parto. Sebastián confirmó la procedencia de la carta de Enrique, y dos antiguos oficiales reconocieron su firma. La suma de testimonios y documentos reforzaba una historia que había sido suprimida deliberadamente.
Catalina acudió como testigo. Reconoció que durante años aceptó informes de Beltrán sin exigir pruebas suficientes. El abogado del ministro intentó presentarlo como una confesión de culpa compartida. Ella no lo negó en lo esencial: había fallado al supervisar. Pero distinguió entre su negligencia y las órdenes falsificadas por quienes se beneficiaban económicamente de ellas.
—No reclamo inmunidad por haber conservado la paz —dijo—. Si mis decisiones causaron daños, también deben examinarse.
En el corredor, periodistas y nobles esperaban un veredicto inmediato. Teresa condujo a Inés por una salida lateral. La niña estaba agotada de escuchar su nombre convertido en pregunta jurídica. Quería comer sopa y acostarse temprano. Al llegar al patio, encontró a Tomás limpiando una herradura y se sentó junto a él sin explicar nada.
—¿Ha ido bien? —preguntó él.
—Han escuchado. Ahora falta saber qué harán con lo que han oído.
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Tomás asintió como si fuera una respuesta perfectamente razonable. Le ofreció un trozo de pan con queso que había guardado en el bolsillo. Inés lo aceptó y sintió alivio al hablar del caballo que había perdido una herradura, no de la dinastía que supuestamente había perdido una heredera.
Aquella noche, los jueces decretaron medidas para proteger a los testigos y retener los bienes vinculados al desvío de grano. Todavía quedaba un juicio largo. En una habitación del palacio, Catalina leyó la resolución y comprendió que por primera vez una parte de su poder quedaba sometida a reglas que no podía cambiar a voluntad. La sensación le produjo miedo. Después, una extraña y necesaria tranquilidad.